Ser niño en Colombia es un riesgo

Por. Edwin Navarro Bravo

La situación de derechos humanos de los niños y niñas en la tierra del Sagrado Corazón demuestra cada vez más, que la vida de nuestros pequeños se encuentra en inminente riesgo, lo cual se evidencia al darle una mirada a los indicadores y las estadísticas publicadas por las diferentes entidades del nivel nacional y por organizaciones no gubernamentales en el marco de su ejercicio cuando dan cuenta sobre la vulneración a sus derechos como a la vida, a la salud, a la seguridad alimentaria, a la educación y pare de contar.

Pero, lo más grave del asunto y es quizás toda esa revolución digital la que ha permitido visibilizar más la problemática, cuando los actos más aberrantes y despiadados contra la primera infancia, infancia y adolescencia en el territorio colombiano ocurre en los entornos que creería cualquiera que son los más seguros, pero no es así. Es en el hogar donde ocurren actos como el de la violencia sexual, una de las prácticas más crueles para la vida de un niño o niña, así lo indica un informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal que asegura que entre enero y agosto de este año 1.569 niños fueron abusados sexualmente y 9.480 niñas y adolescentes fueron atacados.

Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el año 2019 reveló en un informe dado al Congreso Colombiano que 10.689 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual, al tiempo informó que 62.184 niños, niñas y adolescentes están en proceso administrativo de restablecimiento de derechos por amenaza o vulneración.

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer que 209 niños murieron por desnutrición en el año 2020 en medio de la pandemia. A esto se le suma el maltrato infantil y las muertes de menores en el marco de la violencia intrafamiliar con hogares disfuncionales que las brechas sociales los han mantenido apartados careciendo de muchas necesidades, las cuales por la crudeza de la miseria se traducen en conflictos y los menores son los más impactados.

Con la llegada en marzo de la pandemia, la situación de inseguridad alimentaria se agravó incidiendo en los menores colombianos. Los resultados del trimestre octubre-diciembre del 2020 de la Encuesta Pulso Social del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas reportan que antes de la cuarentena el 89,3% de los hogares consumía en promedio tres comidas al día; después de la cuarentena el número bajó a 69,6%. El descenso se puede casi triplicar en otras ciudades. El Caribe es la región que más ha empeorado su situación durante la pandemia.

Por otro lado, de acuerdo a UNICEF Colombia el sistema educativo del país aún trabaja en proveer educación de calidad para la inclusión y la retención de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en especial para los indígenas y afrodescendientes. El informe revela que de 100 estudiantes que ingresan a la escuela en las zonas urbanas, el 82 completan su educación, en tanto que, en las zonas rurales, sólo el 48 por ciento lo hace. Mientras que la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4 por ciento, en los afrodescendientes e indígenas es de 11,2 y 28,6 por ciento, respectivamente.

Otra de las situaciones que impactó a niñas, niños y adolescentes e incrementó durante 2020 fue el desplazamiento forzado. En 2019 se reportaron 44 eventos que afectaron a por lo menos 3.500 niños, mientras que en 2020 se identificaron 45 eventos con una afectación directa a por lo menos 5.742 menores de edad. Es decir, 2.242 víctimas más, así lo reveló el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento de CODHES.

Ahora, el sub registro de estos datos es quizás el doble y el triple de lo que se conoce oficialmente por fuentes confiables sobre violación de derechos a los niños aseguran versados en el tema.

Estas estadísticas son algunas informaciones que evidencian el panorama desesperanzador que tiene en riesgo a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. A eso se le suma el conflicto armado que vive el país donde menores han sido reclutados en contra de su voluntad en grupos al margen de la Ley y otros mueren en medio del fuego cruzado como le ocurrió en marzo de este año a 12 menores que habrían muerto en un bombardeo del Ejercito, hecho que confirmó el Ministro de la Defensa, Diego Molano.

Sobre esa situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante reportes que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad ante el reclutamiento forzado por grupos armados ilegales en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en Colombia y llamó al Estado a redoblar esfuerzos y ejecutar medidas efectivas para la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado, priorizando su interés superior

Aunque la dirigencia colombiana con la nueva constituyente del año 1991 precisó en la carta magna en su artículo 44 que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos y al aprobar la convención de los derechos del niño de la ONU para su aplicación en el territorio a través de la Ley 12 de 1991, luego de 30 años de esa voluntad, tanto la institucionalidad, la familia y la sociedad civil, a pesar de sus esfuerzos tienen una inmensa deuda con esta población, toda vez que el interés superior del niño sigue en el último plano.

Esa es la verdadera realidad con la que nos topamos a diario en un país cada vez más desigual, ocupando el segundo lugar en América Latina, de acuerdo a un reciente informe del Banco Mundial, el cual indica que “Colombia tiene una de las tasas de persistencia de desigualdad más altas entre una generación y la siguiente”, lo que quiere decir que las condiciones de vida de los padres y cómo estas pasa de una generación a otra impactan en los niveles de desigualdad de sus hijos.

A lo anterior, se le agrega los niveles de corrupción en los gobiernos de todas las esferas. Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, donde Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción.

La corrupción genera desigualdad y a su vez trae pobreza en las familias convirtiéndose en un tipo de violencia con falta de oportunidades lo que desencadena consigo situaciones adversas en esos núcleos que crecen con carencias y estilos de vida donde llevan la peor parte los menores, quienes desarrollan comportamientos que trasgreden la convivencia formándose un círculo vicioso que no para en su andar y se hace necesario detener. Aunque la violencia hacia a la niñez no tiene que ver con estratos sociales porque en las familias de alta alcurnia de la sociedad también son evidentes estos flagelos.

Dando alcance a la legislación internacional señala que todos y cada uno de los derechos de la niñez son inalienables, irrenunciables y no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera acogiéndose al desconocimiento. Cualquier decisión, ley o política que se suscriba debe acogerse a esta premisa que es la del interés superior.

Sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su creación se ha referido a la temática de la niñez tanto a través de informes generales como a través de sus decisiones en peticiones y casos bajo su consideración. Entre las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta la Comisión emitió recomendaciones sobre situaciones generales de violación de derechos humanos o se pronunció sobre la comisión o no de una violación de derechos humanos de un niño o niña, sin proceder a un desarrollo sustantivo del contenido del derecho.

La CIDH ha venido en reiterados informes refiriéndose a la situación de los niños en la región como es el caso de los repatriados quienes en su mayoría eran separados de sus progenitores o eran utilizados para capturar a los padres que se encontraban en situación de ilegales en el país receptor.  Posteriormente, la CIDH se pronunció sobre la situación de los niños de la calle, la utilización de niños en conflictos armados, el reclutamiento de niños para la realización del servicio militar obligatorio; el encarcelamiento de niños con sus padres, la situación de los niños desplazados, los malos tratos y condiciones deplorables en establecimientos para niños privados de libertad, explotación sexual y explotación laboral.

En actuaciones precisas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia se conoce de la solicitud al Gobierno mediante medidas cautelares 51/55 del 11 de diciembre de 2015 para que cumpla con la responsabilidad constitucional de velar por la garantía de los derechos de los niños y niñas; las mujeres gestantes y lactantes, y las personas mayores de la Comunidad Indígena Wayúu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribía en el Departamento de La Guajira para que se supere la grave crisis humanitaria por cuenta de la mortalidad infantil por desnutrición y sus causas asociadas en esta zona del país.

Una triste situación que padecen estas comunidades ubicadas en la zona norte colombiana que sufre día a día en su condición de etnia un sinnúmero de necesidades que ha traído un impacto negativo principalmente en los niños y niñas, quienes requieren una mayor respuesta del Estado con programas y planes integrales de manera diferencial donde se conserven sus costumbres y se atiendan sus necesidades.

Sobre este particular en noticia publicada por el Diario El Tiempo en junio de este año informó que el seguimiento al tema en el marco de una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas en esa oportunidad, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que este año han fallecido 17 niños por desnutrición en el departamento.

Aunque en denuncia presentada por Ruth Chaparro, directora de la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017, dijo que desde la emisión del fallo han muerto 285 niños, muertes que en su criterio eran evitables si se cumplieran las órdenes. “En 2018 murieron 118 niños. En 2019, 84 y en 2020, 65. En 2021, van 18 niños”, señaló.

Javier Rojas, representante del pueblo Wayuu, dijo que “hay miles de niños sin atención. La indolencia sigue de parte de las autoridades y no se apersonan de nuestra niñez. El suministro de agua es prácticamente nulo, el poco recurso se lo tiene que sortear la comunidad y buscar la manera de sobrevivir”.

Agregó que llevan seis años desde que hay medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), cuatro desde la sentencia y no ven ninguna solución de parte del gobierno. No hay un diálogo genuino con las autoridades. La crisis humanitaria persiste. La llegada de la pandemia empeoró la situación.

Esta es una de las tantas situaciones que dan cuenta de la otra pandemia que enfrenta la niñez colombiana y es la de la falta de voluntad de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales para hacerle frente con acciones contundentes que garanticen los derechos de los niños y niñas.

Para Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles, organización no gubernamental que trabaja por la defensa de la niñez afirmó que “En Colombia la situación de violencia contra la niñez es crítica y los recursos que se invierten para disminuirla y prevenirla son muy escasos”.

Cada gobierno desde el nacional hasta el municipal en sus planes de desarrollo ubica en sus líneas de trabajos premisas como: “Primero la niñez y la familia”, pero del dicho al hecho sigue existiendo una inmensa brecha que no va acorde con lo que necesitan realmente estas situaciones que impactan la vida de la primera infancia, infancia y adolescencia.

Todo se queda en retórica, en leyes como la Política de Estado de la Primera Infancia y todas las metodologías que surgen a partir de ahí, al tiempo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar a través de sus instancias como los consejos de política social y mesas de primera infancia, infancia, adolescencia y familia como el conjunto de entidades que se coordinan y articulan para trabajar por la protección de los derechos de los niños se quedan solamente en la fotografía para la prensa, el acta para cumplir y la toma de decisiones en su gran mayoría son un saludo a la bandera.

En su informe anual del año 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tituló Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección, se refirió al monitoreo constante que hace a las condiciones de vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los diversos países de la región, así como a las situaciones de vulneración de los mismos y las respuestas que los Estados ofrecen para proteger, restituir y reparar los derechos. Si bien la Comisión reconoce y felicita avances, también nota con preocupación la profunda brecha existente entre los derechos establecidos en las normas y la realidad en la que viven millones de niños, niñas y adolescentes en la región. Muchas de las problemáticas en materia de derechos de la niñez son, en mayor o menor medida, compartidas por la mayoría de los Estados.

La CIDH pone de presente que la violencia sexual, particularmente contra las niñas y las adolescentes, es una grave forma de violencia que se encuentra ampliamente extendida en el hemisferio contando varios Estados con algunas de las tasas más elevadas a nivel mundial. Asimismo, el embarazo infantil es un serio problema siendo ésta la única región en el mundo donde el parto en niñas menores de 15 años va en aumento, con cerca de 10 millones de embarazos al año, y la segunda región con mayor número de embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años.

Asimismo, en otro caso contencioso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia la Corte IDH ha determinado la responsabilidad del Estado por no proporcionar servicios básicos esenciales y el acceso a la atención de salud de niños de comunidades indígenas en situación de especial vulnerabilidad, determinando la responsabilidad estatal «por la violación a los derechos de niños y niñas, por no haber desarrollado las acciones positivas suficientes a su favor en un contexto de mayor vulnerabilidad, en particular mientras estuvieron alejados de sus territorios ancestrales, período en que se vieron afectados por la falta de acceso a educación y a salud, el hacinamiento y la falta de alimentación adecuada»

Frente a esa situación contra la niñez precisa la CIDH que el mero reconocimiento legal de los derechos de la niñez es insuficiente para garantizar su efectiva vigencia y para transformar las realidades de los NNA.

Por ello planteó a partir de la Observación General número 5 del Comité de los Derechos del Niño que para la protección de la niñez y de sus derechos se requiere de un conjunto de elementos, además de las leyes, que conforman un todo destinado a garantizar los derechos de los NNA, destacándose entre ellos: Las políticas públicas, programas y servicios; los mecanismos institucionales de articulación para la planificación, diseño, aprobación, aplicación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, considerando los diversos niveles territoriales sistemas de acopio de datos y análisis de la información; mecanismos independientes de vigilancia; sistemas de difusión y sensibilización respecto de los derechos de la niñez; recursos humanos especializados y en número adecuado; recursos económicos suficientes para financiar las políticas, programas y servicios; y protocolos y estándares de actuación y prestación de los servicios, así como la gestión y tratamiento de casos y remisión de los mismos.

Todo ello además en un contexto de participación de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y de los mismos niños, niñas y adolescentes. Éstos son los componentes que usualmente se destacan como partes de lo que usualmente se conoce en los países de esta región como los “sistemas nacionales de protección de los derechos de la niñez”.

Por otro lado, es preciso traer en este análisis aquellas otras situaciones de vulnerabilidad que pone en riesgo la vida de la niñez colombiana, la cual se origina principalmente en las zonas rurales de Colombia donde convergen grupos armados ilegales y banda criminales que manejan en el narcotráfico, quienes permanecen en disputa por los territorios, lo cual ha impacto también la población infantil.

Sobre esa situación en particular, se menciona uno de los casos donde la CIDH condenó al Estado Colombiano a través de la sentencia del 1 de julio de 2006 sobre Las masacres de Ituango vs Colombia donde incursiones de miembros de grupos paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro en el Municipio de Ituango, ejecutaron a civiles en estado de indefensión, entre ellos niños, sin que la fuerza pública adoptara medida alguna frente a ello, la Corte se refirió a una responsabilidad agravada del Estado cuando se configuran dichas injerencias cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta “su condición de vulnerabilidad, en razón de su edad”.

Si bien es cierto, que la Corte IDH en materia de la protección de menores ha determinado cuatro principios rectores extraídos de la Convención sobre los Derechos del Niño que son: el principio de no discriminación, el principio del interés superior de la niña o del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña o del niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su participación, los mismos en Colombia distan mucho de esa aplicabilidad por parte del Estado, quien debe garantizar su implementación en todo el sistema de protección integral.

Hay que reconocer los avances que ha tenido el País en materia de la normatividad legal vigente, la cual tiene importantes leyes y demás como la iniciativa que lidera el Presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien se encuentra recorriendo el territorio nacional para que los niños y niñas conozcan la constitución y el derecho a participar para que su voz sea tenida en cuenta en las grandes decisiones del Estado.

Aunque hay ese posicionamiento del tema en el escenario nacional y quizás la situación de garantía puede ser diferente en algunas regiones, no se garantizan esos principios rectores trazados en la convención de los derechos del niño porque la niñez es asesinada, violentada, muere por hambre, sin oportunidades, sin acceso a servicios públicos, su voz no es tenida en cuenta y el interés superior no prima en todos y todas, ya que los derechos se deben garantizarse de manera integral.

Esta mirada a la situación de derechos de la primera infancia e infancia reafirma que es un riesgo ser niño en Colombia, lo esbozado en este ejercicio periodístico que contrasta la realidad con las posturas de los gobiernos, la percepción de la sociedad civil y las consideraciones de los organismos como la CIDH deja claro el incumplimiento de la convención de los derechos del niño en Colombia en su artículo 2 que señala que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción.

La Nación tiene una gran oportunidad de cambio de sus realidades para sus nuevas generaciones, en especial para la niñez y es saber elegir en las próximas elecciones presidenciales del mes de mayo de 2022 la mejor propuesta que garantice lo que hoy no ha sido posible para que el centro de la gestión estatal sea la niñez. La Familia y la Sociedad como primera línea de defensa de los niños y niñas también desde la corresponsabilidad deben generar un trabajo más proactivo en favor de este grupo poblacional y se pueda generar esa gobernanza que permita soñar con un país más equitativo, con más oportunidades y con derechos garantizados para todos y todas.