Ante el congelamiento de las tarifas de peajes ordenado por el Gobierno mediante el Decreto 050 de 2023, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica advierte al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales, para que consideren la pronta implementaci\u00f3n de las acciones necesarias para cumplir cabalmente con lo pactado en los contratos de concesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Como consecuencia de la expedici\u00f3n de este decreto, se activ\u00f3 el riesgo de menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad qued\u00f3 obligada a realizar la debida y oportuna compensaci\u00f3n a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.<\/p>\n\n\n\n
Se corre el riesgo de que para los once (11) Contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectaci\u00f3n pueda ser a\u00fan mayor, dado que no tienen desembolso de recursos p\u00fablicos y la recuperaci\u00f3n de la inversi\u00f3n, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial. <\/p>\n\n\n\n
La expedici\u00f3n del Decreto el 15 de enero de 2023, se hizo bajo la justificaci\u00f3n de precaver eventuales riesgos inflacionarios, pero su estudio y soporte no ha sido justificado satisfactoriamente por el Gobierno Nacional, indica el ente de control. <\/p>\n\n\n\n
En cuanto a los efectos econ\u00f3micos de esta decisi\u00f3n del Gobierno Nacional, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica se\u00f1ala que la afectaci\u00f3n en 2023 alcanz\u00f3 un valor cercano a los $ 610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectaci\u00f3n en 2024 podr\u00eda alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deber\u00e1n ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
El ente de control manifiesta su preocupaci\u00f3n de que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro (4) tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar pr\u00f3ximos a ser presentados.<\/p>\n\n\n\n
En Rueda de Prensa que concedi\u00f3 en Cartagena, el Contralor General de la Rep\u00fablica, Carlos Hern\u00e1n Rodr\u00edguez Becerra, dio a conocer otros resultados obtenidos en los seguimientos que realiza en la Regi\u00f3n Caribe la Contralor\u00eda delegada para el Sector de Infraestructura.<\/p>\n\n\n\n
Se refiri\u00f3 as\u00ed al contrato del proyecto de restauraci\u00f3n del Canal del Dique, por valor de $ 4,43 billones. La construcci\u00f3n de obras deber\u00eda iniciar el pr\u00f3ximo 2 de diciembre de 2024, pero la Contralor\u00eda General considera altamente improbable el cumplimiento de esta fecha e indica, adem\u00e1s, que es muy probable que tenga retrasos significativos en su inicio y terminaci\u00f3n, y mayores costos, respecto de lo inicialmente previsto. <\/p>\n\n\n\n
El Contralor reitera al Ministerio de Transporte y a la ANI que considera este proyecto de importancia estrat\u00e9gica para la Naci\u00f3n, y se\u00f1ala la necesidad de avanzar con el mismo y evitar una terminaci\u00f3n anticipada de este contrato, que obligar\u00eda a la ANI a pagar al concesionario hasta $ 350.000 millones, sin haber recibido a cambio las obras previstas.<\/p>\n\n\n\n
Para el Contralor General es motivo de gran preocupaci\u00f3n que luego de firmado este contrato, hayan surgido 7 Consultas Previas adicionales; que la ANLA, pese a concepto inicial en contrario, haya exigido ahora el tr\u00e1mite de una Licencia Ambiental para todo el proyecto y que la JEP, haya hecho obligatoria la implementaci\u00f3n de un Protocolo de sondeo y recuperaci\u00f3n de v\u00edctimas a lo largo del Canal del Dique. <\/p>\n\n\n\n
La Contralor\u00eda advirti\u00f3 de estos riesgos adecuada y oportunamente, durante el seguimiento realizado a la Estructuraci\u00f3n del proyecto y la ANI, en ejercicio de su plena autonom\u00eda, decidi\u00f3 proceder con la adjudicaci\u00f3n de este contrato de concesi\u00f3n, aduciendo que dichos riesgos estaban contemplados en el contrato de concesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al contrato de concesi\u00f3n de Autopistas de Caribe (Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena), por valor total $ 6,75 billones, la Contralor\u00eda General indica que este contrato de concesi\u00f3n vial de Iniciativa Privada ha debido pasar a la etapa de construcci\u00f3n desde abril de 2023, pero sigue sin iniciar obras y presenta un alto riesgo de terminaci\u00f3n anticipada.<\/p>\n\n\n\n
No se han logrado cumplir los plazos establecidos, debido a dificultades con el funcionamiento de dos (2) de las siete (7) Estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Lo anterior ha generado la activaci\u00f3n de riesgos tarifarios con cargo a la Naci\u00f3n, debido a la oposici\u00f3n de las Comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales de peaje propuestas por el concesionario y la ANI, ante lo cual el Gobierno Nacional intervino suspendiendo temporalmente el cobro de peaje en Turbaco para los veh\u00edculos de las Categor\u00edas 1 y 2, y posponiendo la construcci\u00f3n de la nueva caseta de peaje prevista en Arroyo de Piedra.<\/p>\n\n\n\n
Estos riesgos sociales ya materializados han generado compensaciones al concesionario cercanas a $ 153.000 millones y preocupa mucho a la Contralor\u00eda General que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el Concesionario y las Comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesi\u00f3n ya habr\u00eda agotado sus recursos para el pago de compensaciones y, en consecuencia, podr\u00eda entrar en causal de liquidaci\u00f3n anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $ 400.000 millones, tambi\u00e9n sin haberse construido las obras previstas. <\/p>\n\n\n\n
El Contralor Carlos Hern\u00e1n Rodr\u00edguez Becerra solicit\u00f3 al Ministerio de Transporte y a la ANI que, conjuntamente con el concesionario y las comunidades, y en ejercicio de su plena autonom\u00eda decisoria, gestionen lo necesario y suficiente para encontrar una pronta y satisfactoria soluci\u00f3n a esta problem\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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