Un nuevo escándalo judicial sacude a la Fiscalía General de la Nación. El notario único de Santo Tomás, Francisco María Mejía de la Hoz, fue víctima de una imputación penal sin sustento
jurídico, según una denuncia penal radicada contra la fiscal Diana Alejandra Álvarez Dueñas, funcionaria adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción (DECC) en Bogotá.
La denuncia, firmada por su defensor, el abogado Sergio Luis Fruto Pizarro, acusa a la fiscal de incurrir en prevaricato por acción, al imputar falsamente cuatro delitos: peculado por apropiación, prevaricato por acción, urbanización ilegal y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.
“No existe una sola prueba que demuestre apropiación, favorecimiento, o siquiera intervención en el loteo del predio objeto del proceso. El notario únicamente autorizó escrituras públicas sobre terrenos que, a la luz del registro inmobiliario, no tenían titularidad estatal ni afectaciones jurídicas”, señala la denuncia de más de 20 páginas.
Un montaje penal contra la fe pública
La fiscal Álvarez Dueñas sostuvo que el notario habría permitido la apropiación indebida de un lote de cesión urbana al autorizar escrituras de compraventa. Sin embargo, según los documentos
aportados, el predio había sido dividido y legalizado con licencia urbanística desde 2021 ante otra notaría, y los certificados de tradición no reflejaban ningún tipo de propiedad estatal.
En palabras del defensor:“Confundir una escritura con un acto administrativo es un error conceptual de primer semestre.
Pero hacer de ese error una imputación penal contra un notario es prevaricato en su forma más burda.”
Ignorancia funcional y manipulación normativa
La denuncia resalta que la fiscal no solo ignoró el artículo 13 del Decreto 960 de 1970 —que define la escritura pública como un instrumento solemne, no un acto de imperio—, sino que pretendió convertir un instructivo administrativo sin valor normativo en fuente de responsabilidad penal.
“Lo que hizo la fiscal fue utilizar el derecho penal como herramienta de persecución institucional, imputando hechos jurídicamente inexistentes a un servidor que actuó dentro del marco legal”, advierte el escrito
¿Quién responde por el daño causado?
El caso genera una pregunta inevitable: ¿qué controles existen para evitar que fiscales sin formación especializada realicen imputaciones sin rigor técnico?
La defensa del notario exige que se investigue no solo a la fiscal Álvarez Dueñas, sino también a los funcionarios que avalaron su designación para casos de alta complejidad jurídica sin tener formación en dogmática penal ni experiencia en función notarial.
Un precedente peligroso
El caso ha encendido alarmas en los círculos notariales del país. De prosperar imputaciones de este tipo, cualquier notario en Colombia podría ser acusado penalmente por cumplir su función formal,
sin importar el contenido de los negocios jurídicos autorizados.
“No es solo la libertad del notario la que está en juego. Es la estabilidad misma del orden jurídico y la seguridad de la función pública en Colombia”, concluye el defensor Fruto Pizarro.
Más historias
Colectivo Atlántico de Santo Tomas, representará a Colombia en Festival Internacional de Danza en México
Santo Tomás celebra la literatura con la Feria del Libro ‘Palabras al Corazón’
Estudiantes de Fátima, Comercio y Colegio Oriental entre los 20 mejores puntajes ICFES en el Atlántico