Comunicado oficial de Autopistas del Caribe ante los últimos acontecimientos frente al proyecto

Frente a los últimos acontecimientos relacionados con el Proyecto y la desinformación generada por líderes opositores al progreso, que buscan incentivar un boicot para generar la inviabilidad de este proyecto estratégico para el bienestar socioeconómico de Bolívar y Atlántico, la Concesión Autopistas del Caribe se ve en la necesidad de aclarar los siguientes puntos

• Las estaciones de peaje, incluyendo las de Sabanagrande y Turbaco, son legales y están respaldadas por el contrato de concesión 002 de 2021 y la Resolución 20213040028355 del 7 de julio de 2021 de Mintransporte. A pesar de los intentos de desinformación por parte de ciertos grupos que insisten en cuestionar su validez, no hay evidencia de irregularidades de ninguna índole. Este proyecto es legal, está alineado con la normativa colombiana y responde a una necesidad urgente de mejorar la conectividad entre las dos principales ciudades de la región Caribe.
• Es importante señalar que el peaje de Sabanagrande cuenta con una tarifa diferencial que beneficia a más de 10.851 personas de las comunidades vecinas. En cuanto a Turbaco, el Gobierno Nacional ha propuesto una tarifa diferencial de $1.500 para vehículos de Categoría I y $2.000 para vehículos de Categoría II, la cual ha sido rechazada por el Comité No Mas Peaje sin contar con la opinión de los verdaderos usuarios de la vía.
• Las constantes tomas de las estaciones de peaje y las amenazas contra los usuarios de la vía y los colaboradores del proyecto constituyen un delito según la normativa colombiana. Desde el 6 de diciembre de 2024, la estación de peaje de Sabanagrande ha sido ocupada por grupos que han intimidado y agredido al personal. Queremos recordar a los usuarios que la evasión del peaje está regulada por la Ley 769 de 2022, y quienes incurran en esta infracción podrían enfrentar sanciones equivalentes a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Es importante estar informado sobre esta normativa para evitar situaciones incómodas que puedan llevar a cometer una infracción, garantizando así el cumplimiento de las leyes y el bienestar común.

• Actualmente, el contrato se encuentra bajola ANI tiene reconocido un Evento Eximente de Responsabilidad (EER) que suspende temporalmente ciertas obligaciones del concesionario debido a factores externos como la falta de implementación del cobro en las categorías 1 y 2 de peaje en Turbaco y la implementación construcción y puesta en operación de la estación de peaje en Arroyo de Piedra. Mientras estos obstáculos no se resuelvan, el concesionario no podrá cumplir con sus obligaciones relacionadasla obligación contractual de acreditar al el cierre financiero. Es importante resaltar que el cierre financiero es esencial para la continuidad del proyecto y depende de la resolución de estas dificultades externas. Es de anotar que No es cierto que el próximo 21 de enero el concesionario deba acreditar el cierre financiero y mucho menos cierto que el contrato se deba liquidar
• Autopistas del Caribe ha participado activamente en más de 20 jornadas de diálogo, buscando evitar la liquidación del proyecto. Sin embargo, los líderes opositores al desarrollo continúan sin proponer soluciones viables y persisten en su insistencia por liquidarlo, lo que representaría un grave perjuicio para el desarrollo de la región Caribe.
• La liquidación anticipada del contrato, impulsada por quienes buscan obtener beneficios políticos a costa de la región, generaría un daño irreparable para su competitividad. La historia nos ha demostrado que la liquidación de proyectos de esta magnitud resulta en desempleo masivo, ausencia de inversión social y ambiental, y la pérdida de infraestructuras claves para la región. Además, el país tendría que asumir pagos billonarios derivados de la ruptura de contratos, lo que afectaría la estabilidad económica y social.
• Las protestas anunciadas para el 18 de enero son un error garrafal que pone en peligro el desarrollo de Bolívar y Atlántico. Bloquear este proyecto, esencial para la conectividad, el empleo y el progreso de la región, solo generará retroceso y afectará a miles de colombianos. Los líderes que insisten en esta acción están tomando un camino equivocado, perjudicando a las comunidades que dicen representar. La región necesita este proyecto para avanzar y cualquier intento de bloquearlo solo profundizará los problemas que ya enfrentamos. Es hora de mirar hacia el futuro y garantizar el desarrollo de la infraestructura que necesitamos.
• Finalmente, respecto a las las actividades preliminares para la construcción del Peaje de Arroyo de Piedra, como la adecuación del terreno y la tala de árboles autorizadas, se realizan con el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la C.R.A. y en cumplimiento de la normativa ambiental. Estas acciones no requieren licencia ambiental, ya que el proyecto se ajusta a la normativa que regula obras de mejoramiento sobre infraestructura existente, como lo estipula el Decreto 1076 de 2015.