Inestabilidad jurídica de contratos en concesiones viales afecta derechos económicos de la población

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, sobre lo que sería la terminación anticipada del contrato de concesión vial ‘Autopistas del Caribe’, que no logró cierre financiero. El no cobro en los peajes o no permitir su instalación dificulta el cierre financiero de cualquier contrato en la materia y abre la puerta a su inestabilidad jurídica, lo que afecta la credibilidad y los proyectos entre el sector público y los empresarios.

Para la entidad defensora de los derechos humanos, “lo dicho por el ministro, además, pone en entredicho la financiación de obras de infraestructura vial que no podrán ser fondeadas en su totalidad con recursos del erario público. Y si continuamos hablando de inestabilidad jurídica en los contratos, conduce a un retraso de las obras que impactan directamente los derechos económicos y de movilidad de la población”.

La carencia de infraestructura conlleva la falta de impulso de sectores económicos, como el turismo, el de la agricultura, entre otros. “El deterioro de los corredores viales y su no mantenimiento afectaría las logísticas portuaria, industrial y comercial, lo que repercutiría en los precios de los productos que consumen los colombianos”, manifiesta la Defensoría del Pueblo.

De ser confirmada la terminación anticipada de la concesión, dejaría atrás el propósito de acortar en un 36% el tiempo de viaje entre Cartagena (Bolívar) y Barranquilla (Atlántico).

Las inversiones requeridas para los distintos proyectos sobre el corredor vial son cercanas a los 4,3 billones de pesos, generarían aproximadamente 5000 empleos entre directos e indirectos. La no continuidad del contrato afectaría el derecho de las personas al trabajo y sus posibilidades de encontrar una fuente de recursos para el sustento de sus familias.

Desde la Defensoría se cuestionó si habrá contribución para el cierre financiero de los proyectos que pueden ser afectados por medidas de no cobro o no instalación de peajes, “¿cuál será el esquema de financiación que se plantee como alternativa a las alianzas público-privadas?, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios para continuar el desarrollo de infraestructura de conectividad?”.

Reglamentación sobre vigencias futuras

La Defensoría del Pueblo instó a que sea analizada con sumo cuidado la reglamentación propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual busca que las vigencias futuras sean aprobadas directamente por el presidente de los colombianos y cambiada la destinación de una vigencia futura, dependiendo del avance de las obras. Estas medidas enrarecen aún más el ambiente, generando mayores niveles de incertidumbre en los inversionistas, quienes podrían optar por no invertir al no estar claras las reglas de juego.

El planteamiento aparte de ser innecesario, dado que existen instancias como el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), en los que el jefe de Estado tiene representación directa o por delegado, atenta contra la estabilidad jurídica y contra la financiación de obras que requiere el país.