Fue la voz crítica más destacada en Nicaragua, utilizando su púlpito para denunciar la detención de opositores por parte del gobierno y la supresión de los derechos cívicos. Pero, la semana pasada, el gobierno vino por él.
El obispo Rolando Álvarez fue detenido luego de que la policía allanó su residencia y lo puso bajo arresto domiciliario. Ocho de sus colaboradores están en la cárcel.
El impactante arresto del obispo Álvarez el viernes, el sacerdote de mayor rango que ha sido detenido en América Latina por opiniones políticas en décadas, fue la medida más reciente y más agresiva del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contra la Iglesia católica. Hasta ahora, era la única institución que había escapado a su control tras 15 años de gobierno ininterrumpido.
El año pasado, Ortega, de 76 años, comenzó a purgar a los pocos disidentes que quedaban en la política, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, los negocios y la cultura, y las iglesias católicas de esta nación centroamericana profundamente religiosa asumieron un papel cada vez más importante. Más que fuentes de consuelo espiritual, se convirtieron en los únicos lugares del país donde los ciudadanos podían decir lo que pensaban y escuchar a oradores que no eran designados por el Estado.
El gobierno de Ortega, que ya era autoritario, derivó en una represión sistemática el año pasado, cuando quedó claro que carecía del respaldo popular para ganar otro mandato en las elecciones generales celebradas en noviembre. Para retener el poder, convirtió al país en un Estado de partido único, encarcelando a todos los candidatos presidenciales de la oposición y tomando medidas para silenciar a todas las voces disidentes.
Ahora, que el último clérigo influyente ha sido silenciado, Nicaragua ha alcanzado un hito, según activistas de derechos humanos, exfuncionarios y sacerdotes: cimentar su posición como estado totalitario.
“Están terminando, liquidando, el último actor social importante en Nicaragua”, dijo Vilma Núñez, activista de derechos humanos nicaragüense y una de las pocas críticas al gobierno que quedan en el país. “Es jaque mate contra la democracia”.
Las entrevistas con sacerdotes, trabajadores de la iglesia y feligreses en toda Nicaragua muestran que el arresto del obispo Álvarez fue solo uno de los diversos ataques de la campaña de meses que el gobierno ha implementado para desmantelar el alcance de la Iglesia en el país.
La policía arrestó a otros siete sacerdotes desde junio por cargos que van desde abuso infantil hasta alteración del orden público. Ninguno ha sido condenado. Otro párroco provincial, Uriel Vallejos, pasó a la clandestinidad después de que la policía allanó la estación de radio de su parroquia y rodeó su residencia durante varios días a principios de este mes.
La estación de radio administrada por el padre Vallejos se encontraba entre la decena de canales de radio y televisión católicos que fueron cerrados por el gobierno este año, privando a Nicaragua de los últimos medios de comunicación independientes en el país.
En julio, el gobierno ilegalizó la orden misionera fundada por la Madre Teresa y expulsó del país a las 18 monjas de la orden sin explicación alguna. Su exilio siguió a la expulsión en marzo del enviado del Vaticano a Nicaragua, el arzobispo Waldemar Stanislaw Sommertag.
La ola de arrestos y expulsiones hizo que el papa Francisco tuviera que hacer una rara referencia a la represión en Nicaragua el domingo.
“Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden todavía encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica”, dijo después de una oración pública en el Vaticano.
Los clérigos y misioneros que se han quedado en el país han sido sometidos a una campaña de miedo. En el último mes, las autoridades prohibieron que la iglesia realice procesiones religiosas en las calles, impidieron que algunos sacerdotes oficiaran misas, colocaron patrullas policiales frente a las casas parroquiales y llamaron a los sacerdotes para interrogarlos.
El martes surgieron más tensiones, cuando la diócesis provincial de Estelí, al norte de Nicaragua, emitió una crítica feroz sobre Ortega, acusando a su gobierno de promover el odio y asesinar a manifestantes pacíficos.
“Ustedes son los que crean la zozobra y el desorden en este país”, decía el comunicado publicado por los clérigos de Estelí. “Nosotros predicamos que sí es posible ser hermanos aunque seamos diferentes”.
Varios sacerdotes le dijeron a The New York Times que agentes de seguridad encubiertos y paramilitares progubernamentales habían estado monitoreando sus misas y fotografiando a los asistentes.
“Hay toda una permanente presencia amenazante ahí”, dijo Miguel Mántica, párroco católico en Managua, la capital de Nicaragua, refiriéndose a los servicios religiosos de su iglesia.
La represión ha tenido un efecto escalofriante en un país donde el gobierno ha encarcelado a casi 200 políticos, empresarios, líderes estudiantiles, activistas sociales y periodistas durante el último año.
La represión contra la iglesia ha tenido un efecto más fuerte en las áreas rurales remotas de Nicaragua, donde la misa, en muchos casos, se ha convertido en el último foro social disponible para las comunidades locales.
Tomado de The New York Times
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