Por: Milagros Sarmiento Ortiz
Lo ocurrido en Venezuela no puede interpretarse únicamente como la detención de un presidente acusado de delitos graves. Lo sucedido va mucho más allá de una captura individual: estamos frente a una intervención directa en los asuntos internos de un Estado soberano, con efectos concretos sobre su administración, su conducción política y su legitimidad institucional. La pregunta que emerge, entonces, es inevitable y profundamente inquietante: ¿capturaron también a Venezuela?
La detención del presidente Nicolás Maduro se produjo en el marco de una operación que no se limitó al ámbito penal. Por el contrario, implicó acciones que impactaron directamente la estructura del Estado venezolano, su gobierno y el reconocimiento político interno y externo. No fue solo la privación de la libertad de una persona; fue una acción con consecuencias estatales, regionales y jurídicas que no pueden ser ignoradas.
Desde una lectura taxativa y rigurosa, lo ocurrido constituye una intervención extranjera bajo el argumento del narcoterrorismo, ya sea imputado a una persona natural o proyectado, de facto, sobre el Estado venezolano. La operación incluyó no solo la captura del jefe de Estado, sino también una injerencia directa en la administración pública y en la definición del poder político, acompañada del desconocimiento implícito del orden vigente y del reconocimiento de un liderazgo político alterno, representado por sectores de oposición al chavismo, particularmente en la figura de María Corina Machado.
¿Justicia penal o intervención de Estado?
Esta distinción no es menor. El derecho internacional público establece mecanismos claros para la cooperación judicial, la extradición y la persecución de delitos transnacionales. Sin embargo, cuando una acción externa trasciende lo judicial y produce efectos estructurales sobre el funcionamiento del Estado intervenido, deja de ser un acto de justicia penal para convertirse en una intervención en los asuntos internos, expresamente prohibida por los principios de soberanía y no intervención.
La ausencia de un proceso multilateral claro, de una autorización expresa de los organismos internacionales competentes y del consentimiento del Estado afectado refuerza la gravedad de lo ocurrido. Normalizar este tipo de acciones implica debilitar el orden jurídico internacional y aceptar que la fuerza sustituya al derecho.
¿Cuál es el verdadero objetivo de la medida carcelaria?
La llamada “medida carcelaria” no puede analizarse de forma aislada. Cuando la privación de la libertad de un jefe de Estado se acompaña de mensajes políticos, advertencias a otros actores del poder, redefinición de relaciones internacionales e intervención en la gobernabilidad interna, es evidente que el objetivo va más allá del castigo penal.
Surge entonces la pregunta legítima: ¿se busca realmente combatir el narcotráfico o reconfigurar el poder político de un país mediante presión externa? La cárcel, en este contexto, no solo sanciona; también condiciona, intimida y redefine escenarios de poder.
Esto no es un debate entre derechas e izquierdas
Reducir este acontecimiento a una disputa ideológica es un error profundo. La defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención no pertenece a ninguna corriente política. Son pilares del derecho internacional y garantías mínimas de convivencia entre Estados.
Aceptar una intervención de esta naturaleza porque el gobierno afectado resulta antipático o cuestionable es abrir la puerta a que cualquier país de la región pueda ser intervenido mañana, bajo argumentos similares.
Un precedente alarmante para América Latina
Lo ocurrido en Venezuela sienta un precedente extremadamente peligroso para toda América Latina. La región tiene una historia marcada por intervenciones justificadas en discursos de seguridad, lucha contra el narcotráfico o defensa de la democracia, que terminaron debilitando Estados, profundizando conflictos y erosionando la soberanía.
Hoy no se trata solo de Venezuela. Se trata de qué tan frágil es la soberanía latinoamericana frente a los intereses de potencias extranjeras y de cuánto estamos dispuestos a tolerar como región.
¿Quiénes están legitimados para denunciar los abusos de poder?
Si se sostiene que en Venezuela existían abusos de poder o intentos de perpetuación en el gobierno, la respuesta no puede ser la intervención unilateral de un Estado extranjero. Están legitimados para actuar:
• los organismos multilaterales internacionales,
• las cortes y tribunales competentes,
• los sistemas regionales de derechos humanos,
• la sociedad civil organizada,
• y los juristas comprometidos con el respeto al derecho internacional.
La sustitución forzada de un gobierno por acción externa no constituye una salida democrática ni jurídica.
¿Narcotráfico o intereses estratégicos?
La pregunta es incómoda, pero necesaria. Venezuela no solo enfrenta una crisis política; es también un país con enormes reservas energéticas y un valor geopolítico estratégico. En América Latina, históricamente, los discursos de lucha contra el narcotráfico han coincidido con intereses económicos, territoriales y geopolíticos.
Cuestionar el motivo real de esta intervención no es conspiración; es análisis crítico responsable.
Soberanía y autodeterminación: principios en riesgo
Quienes hemos dedicado años al estudio del derecho público y del derecho internacional público sabemos que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son conceptos retóricos. Son barreras jurídicas frente al abuso de poder, tanto interno como externo.
Cuando estos principios se relativizan, no solo se afecta a un país: se debilita todo el sistema internacional basado en normas.
Un llamado desde Colombia: esto es trascendental
Como ciudadana colombiana, conocedora del derecho internacional público y doliente del Estado, invito a observar esta situación lejos de disputas personales, familiares o individuales. Este no es un episodio anecdótico; es un hecho trascendental que marcará el rumbo de la región.
Y quizá lo más doloroso sea reconocer que esto no significa la libertad de Venezuela. La libertad de un pueblo no se impone desde afuera ni se decreta mediante intervenciones. La libertad solo puede construirse desde el respeto a la soberanía, los procesos internos legítimos y el fortalecimiento institucional.
Hoy, América Latina debe preguntarse con seriedad:
si capturaron a un presidente, ¿capturaron también a un Estado?
Y si fue así, ¿quién será el siguiente?
De acuerdo, los pueblos deben ayudarse para salir de la crisis no maltratar y arrodillar,la democracia se hace ante iguales.
Una postura cuerda basada en los principios del derecho internacional penal y humanitario creado en la segunda guerra mundial. Festejo esta columna por la autora, Milagro Sarmiento Ortíz, de la que ignoraba su sapiencia en el tratamiento de estos temas ta delicados hoy, que uno termina temiendo que regresemos a la fuerza de la naturaleza Darwiniana. Y en segundo, lugar, tan importante como el primero, ya era hora que en Santo Tomás leyeramos el pensamiento de una mujer del patio.